El Tribunal Constitucional avaló en julio el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Fue implantado por el Gobierno del PP en 2012 para reducir un déficit de tarifa que superaba los 24.000 millones de euros.

Las organizaciones de consumidores creen que la suspensión de la tasa a la generación eléctrica es una solución coyuntural y un "parche"