La Fiscalía General del Estado en su memoria de 2018 propone que se declare como delito el consumo de prostitución y que se lleve a cabo la tipificación penal "de los que conscientemente se aprovechan de los servicios prestados por las víctimas de trata", es decir, de los clientes. 

De esta manera la Fiscalía apuesta por un sistema abolicionista de la prostitución en España, castigando a clientes y proxenetas, y copiando la ley de Francia donde se les multa con 1.500 euros y con cerca de cuatro mil si son reincidentes. 

Así, se desligan de quienes defienden la legalización de esta explotación sexual de las mujeres, que "puede ser contrario a los valores de igualdad de género y proscripción de todo tipo de violencia que debieran regir nuestra convivencia".

"Al admitirse el proxenetismo consentido, están admitiendo que la mujer pueda autorizar su propia explotación, esto es, que sea reconvertida en mercancía de granjería (sacar utilidad en provecho del proxeneta)", destaca la Fiscalía añadiendo que en España este negocio afecta "fundamentalmente a mujeres extranjeras, sin recursos económicos y extraordinariamente vulnerables". 

En su memoria anual la Fiscalía señala que "sólo tipificando –tal como exige el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, firmado en Lake Success (Nueva York, el 21 de marzo de 1950) y ratificado por España– todas las manifestaciones del proxenetismo se vislumbrará el inicio del camino que conduzca a acabar con la trata de mujeres para ser esclavizadas en la prostitución". 

La mayoría de las mujeres prostituidas provienen de África

La trata de mujeres con fines de prostitución está "gravemente asentada" en España a pesar de que en diez años se ha logrado la formación de "un importante grupo muy cualificado de expertos policiales", una Fiscalía "altamente especializada" y un Consejo General del Poder Judicial "muy comprometido".

Los datos ofrecidos en esta memoria son "decepcionantes", en palabras del Ministerio Fiscal español, "sobre todo en relación a la protección y al reconocimiento de los derechos elementales de la mujer". 

Según recoge la citada memoria, entre 2013 y 2018 la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General ha incoado 624 diligencias de seguimiento del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En ellas constan identificadas como víctimas de trata de seres humanos 1.181 personas (1.034 mujeres mayores de edad; 127 mujeres menores; 13 mujeres con discapacidad cognitiva; 6 hombres mayores de edad y 1 hombre menor de edad).

Las mujeres mayores de edad proceden de África (308), América (218), Asia (169) y Europa (331) y hay 8 en las que no se ha determinado la nacionalidad, mientras que las menores de edad proceden de África (42), América (25), Asia (3) y Europa (57). Además, han sido localizadas en situación de grave riesgo 339 mujeres africanas, 217 americanas, 42 asiáticas, 667 europeas y 75 cuya nacionalidad no ha podido determinarse, mientras que esta consideración se ha reconocido a 17 hombres de origen americano. Entre 2013 y 2018 se han investigado por este tipo de delitos a 2.954 personas.

Desde 2015 en todos los casos de sentencias condenatorias se ha reconocido la condición de víctimas identificadas de trata sexual a 207 mujeres (99,04%) y 2 hombres (0,95%). De ellas, 19 son menores y dos padecen discapacidad cognitiva.

La Fiscalía determina también que el proxenetismo constituye un "negocio boyante" que según cálculos policiales, alcanza unos beneficios diarios que superan los cinco millones de euros, aproximadamente 6 millones de dólares USA, "la mayor parte en dinero negro", sentencia. 

La memoria completa puede consultarse en el siguiente enlace https://www.fiscal.es/memorias/memoria2019/FISCALIA_SITE/index.html